Investigar a los agentes públicos a los que se les atribuya actos de corrupción previa denuncia o de oficio.

Investigar a instituciones, asociaciones o empresas que tengan como principal fuente de recursos el patrimonio del Estado Provincial.

Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos.

Participar como querellante en los procesos judiciales por hechos incluidos dentro del ámbito de su competencia.

Llevar, evaluar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas de agentes públicos conforme a lo establecido en el Régimen de Ética Pública de la Provincia.

Diseñar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.