Esta institución fue creada por la Ley Provincial N.º 5.885 en el mes de diciembre de 2015, y es la autoridad de aplicación del Régimen de Ética Pública de la Provincia N.º 5153, como un órgano independiente de carácter administrativo.
Es la responsable de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción como así también de las violaciones a los deberes de funcionarios públicos y el Régimen de Ética Pública de la Provincia.
La Oficina Anticorrupción investiga presuntos casos de corrupción que se atribuyen a agentes públicos, instituciones, asociaciones o empresas, que tengan como principal fuente de recursos el patrimonio del Estado Provincial.
Mediante un régimen de presentación de Declaraciones Juradas, presentadas por sujetos obligados, la Oficina Anticorrupción contribuye a la conformación de mecanismos de transparencia y generación de herramientas de investigación tendientes a proteger los intereses públicos. Este marco posibilita la detección y prevención de posibles conflictos de intereses e incompatibilidades, como así también posibles casos de enriquecimiento ilícito.
La provincia es una de las primeras del país en contar con una Oficina Anticorrupción, colocando a Jujuy a la vanguardia en la lucha contra este flagelo.