Está regulado en el capítulo II de la Ley N° 5153, en el cual se establece que se encuentran obligadas a presentar las DDJJ patrimoniales las personas que se desempeñen y/o hayan desempeñado en los últimos diez años en los cargos que enumera.

Es obligación presentar la DDJJ, en tres ocasiones:

  • Antes de la asunción de sus cargos, como requisito indispensable y necesario para el ingreso al mismo.
  • Anualmente, en el curso del mes de junio de cada año, quiénes hubieren modificado su situación patrimonial durante el año inmediato anterior, deberán actualizar la información contenida en su declaración jurada;
  • Dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de cesación en el respectivo cargo, hayan o no modificado su situación patrimonial durante el tiempo de ejercicio de la función.

La forma de proceder en caso de incumplimiento en la presentación, está regulado en el decreto 919-G-2016, el cual establece que los incumplidores en ejercicio serán intimados en forma fehaciente para que en un plazo de 15 días procedan a cumplir con su obligación. La continuación en el incumplimiento será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que le pudieran corresponder y de la denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público que deberá realizar el Fiscal Anticorrupción además de comunicar dicha falta a la Legislatura, al titular del Poder Ejecutivo Provincial y al Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Para aquellos incumplidores en presentar las DDJJ al retirarse de sus funciones, establece el decreto 919-G-2016 que ante la persistencia en el incumplimiento no podrán ejercer nuevamente la función pública, sin perjuicio de las otras sanciones que le pudieran corresponder. 

Por otro lado como complementario del decreto previamente mencionado, existe el decreto 4477-G-2017 que regula como sanción aplicable a aquellos incumplidores en la presentación de la DDJJ, la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de los haberes mensuales, hasta que acredite haber satisfecho dicha obligación, sin perjuicio de otras sanciones que le pudieran corresponder.

Para lo cual luego de realizada la intimación y la desidia en su cumplimiento,  la Oficina Anticorrupción elevará al ente liquidador correspondiente la nómina del/los sujeto/s incumplidor/es, a fin que proceda a hacer efectiva la suspensión proporcional de la percepción del haber; informando de manera simultánea, al superior jerárquico del incumplido, la medida adoptada.

Posteriormente y ante la efectiva presentación de la declaración jurada por parte de los sujetos obligados, la Oficina Anticorrupción informará al ente liquidador para que deje sin efecto la medida adoptada, reintegrando los haberes retenidos”.