|18 de noviembre de 2020
La fiscal Anticorrupción Josefa Herrera brindó detalles del estado de cumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, Municipalidades y Comisiones Municipales, en el marco de un proceso excepcional ante la emergencia sanitaria y epidemiológica.
El aislamiento y luego el distanciamiento impuestos por la pandemia de COVID-19 condicionaron los plazos previstos en el año 2020 para los sujetos obligados de toda la provincia. Es por ello que, hasta el sábado 31 de octubre inclusive, la Oficina Anticorrupción recibió la documentación pertinente respecto a la situación patrimonial del ejercicio 2019, mediante turnos programados y un sistema escalonado para los diferentes agentes de organismos involucrados de capital e interior.
Pese a las medidas sanitarias y epidemiológicas de este ejercicio, la fiscal subrayó que el porcentaje de presentación a la fecha alcanzó el 75 por ciento.
Respecto al 25 por ciento restante, se inició el procedimiento de intimación por el plazo extraordinario de 15 días, vencidos los cuales el sujeto obligado queda incurso en incumplimiento, siendo pasible tanto de la aplicación de la suspensión de la percepción del veinte por ciento (20%) de sus haberes (Decreto Nº4477G/2017), como de la sanción disciplinaria solicitada al superior jerárquico del sujeto incumplidor, conforme lo establece la norma respectiva.
La importancia del trámite
La Dra. Herrera recordó que la presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales es obligatoria para funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, organismos descentralizados y autárquicos; empresas y sociedades del Estado y otras entidades gubernamentales, así como empleados públicos con facultades de disposición y administración de fondos públicos, o que otorguen habilitaciones. Incluye también a los integrantes de los Departamentos Ejecutivos y Deliberativos de municipios adheridos al Régimen de la Ley de Ética Pública.
La referente oficial remarcó que los sujetos obligados deben declarar sus bienes, los de la sociedad conyugal y los de los hijos menores de edad. El contenido de la documentación se vincula además con ingresos, inversiones, bienes registrables y no registrables, disponibilidad de efectivo, créditos y deudas, participación en sociedades, antecedentes laborales y académicos.
Respetando las autonomías municipales, la Oficina Anticorrupción inició una convocatoria a municipios que deseen adherir al Régimen Provincial de Ética Pública, a los efectos de dotar de mayor transparencia a sus gestiones.
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