La Oficina Anticorrupción de Jujuy implementará estudios y herramientas globales en fomento a políticas de Prevención de la corrupción a escala territorial y en la planificación de procesos que viabilicen la inserción de modelos de integridad y transparencia en las futuras dinámicas públicas.
El desafío imperante a escala internacional también será asumido con marcado impulso desde la Oficina local, siguiendo lo encomendado por la Fiscal Anticorrupción, doctora Josefa del Valle Herrera.
Ante esta premisa, se inició el diseño de una campaña integral desde el flamante Departamento de Prevención y Asuntos Institucionales de la entidad de contralor jujeña.
“La existencia de normas no significa el efectivo cumplimiento de las mismas. En ciertas oportunidades, lo legal se enfrenta a una corrupción estructural, a culturas estatales cuyos comportamientos y prácticas muchas veces priorizan las intenciones o voluntades particulares frente al interés público y donde, por acción u omisión de los actores involucrados, se perjudica directamente a la administración pública”, expresó la Fiscal.
Marcó así el comienzo de los procesos que por primera vez formarán parte de las líneas de acción de la Oficina Anticorrupción.
Se dispuso el estudio y aplicación de herramientas globales adaptadas a las necesidades de Jujuy, a fin de lograr la responsabilidad individual y colectiva en la prevención de la corrupción, junto a la construcción de una estructura social que progresivamente se acerque y se apropie de modelos de transparencia, integridad y plena observancia a las leyes vigentes.
“Por ejemplo, el respeto por las normas tiene como punto de partida que las mismas sean conocidas por la ciudadanía y por aquellos que tienen por función aplicarlas, promoverlas y difundirlas, en el ámbito de su incumbencia”, expresó la Responsable del Departamento Prevención y Asuntos Institucionales, Analía Martínez.
Desde allí es que junto al equipo a su cargo trabaja en la implementación de análisis y estrategias institucionales frente a la problemática de la corrupción, así como en la generación de mecanismos de articulación interinstitucional y enfoques multidisciplinarios que permitan concebir a la integridad como una preocupación transversal de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto.