Oficina Anticorrupción incorpora principios de la “Ley Micaela” para su funcionamiento
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En un trabajo articulado entre la Oficina Anticorrupción de Jujuy y el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, se iniciaron capacitaciones para todo el personal de la OA local a través de videoconferencias, a fin de optimizar servicios en cumplimiento de la denominada “Ley Micaela”.
La Fiscal Anticorrupción, Josefa Herrera, destacó el objetivo de ampliar el desempeño institucional de la entidad a su cargo siguiendo lo estipulado por la Ley Nacional 27.499, respaldando a los integrantes de dicha oficina en su formación sobre temáticas de género y violencia contra las mujeres.
Por decreto, Jujuy avanzó en febrero de este año en la reglamentación de la “Ley Micaela” y su aplicación en el territorio provincial, por lo que la Fiscal consideró fundamental la incorporación de herramientas que permitan a la Oficina informarse sobre la materia, respetando en su accionar la perspectiva de género y contribuyendo a la construcción de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres.
En igual sentido, la presidenta del consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Alejandra Martínez, ponderó esta articulación que da continuidad y tiende a mejorar las políticas para lograr el respeto de los derechos de niñas y mujeres en Jujuy, visibilizando numerosos conceptos y construcciones sociales que naturalizan la desigualdad y actúan en detrimento de diversos sectores de la población.
Ambas funcionarias resaltaron la determinación de trabajar de manera horizontal, a fin de volcar avances al servicio de toda la sociedad civil.
Debido a la declaración de emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19, se adoptó la modalidad on line para la formación del equipo de la Oficina Anticorrupción, en 3 instancias de trabajo virtual a cargo de especialistas del Consejo Provincial de la Mujer.
Las Leyes 26.743 (de Identidad de Género), Leyes 26.485 y 27.533 (Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género), protocolos de atención provincial, así como la incumbencia de problemáticas en el marco de la Ley de Ética Pública y otras normativas de reciente sanción y vital importancia, fueron algunos de los ejes abordados durante las etapas formativas, marcando nuevos desafíos para la Oficina Anticorrupción en su respaldo a la sociedad en su conjunto.
