La titular de la Oficina Anticorrupción provincial, Josefa Herrera, asumió la conducción del organismo encargado de velar por la prevención e investigación de conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en resguardo del Régimen de Ética Pública de la Provincia.
La letrada de destacada trayectoria inició sus funciones en reemplazo del doctor Joaquín Millón Quintana, cuyo mandato culminó el 18 de enero de este año siguiendo lo estipulado por la Ley 5885, artículo 3.
Luego de la jura protocolar ante el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la doctora Herrera marcó el desafío de fomentar políticas de transparencia y de fortalecimiento institucional en el funcionamiento de los Poderes del Estado y organismos públicos provinciales, así como en toda institución, asociación o empresa que administre o reciba fondos públicos o que tengan origen en el Estado Provincial.
Aseguró que la prevención será una de las líneas de trabajo sobresalientes de su gestión. A tales efectos, anticipó que se trabaja en el diseño de sistemas preventivos de utilidad para los sectores públicos y privados, la sociedad civil y la ciudadanía en general, promoviendo una cultura de la integridad en Jujuy.
De igual modo, la doctora Herrera ponderó la propuesta de impulsar mecanismos para agilizar la tramitación de denuncias, optimizar el seguimiento de expedientes y ampliar la operatoria de la Oficina en los diversos estamentos pertinentes. Investigar aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y las violaciones a los deberes de funcionarios públicos contrarias a la Ley de Ética Pública de la provincia, serán los ejes fundamentales de las acciones impulsadas por la flamante gestión de la Oficina.
Asimismo, la Fiscal aseguró que proseguirán las acciones en materia de seguimiento, control y publicidad de las Declaraciones Juradas patrimoniales, resaltando la importancia de la adhesión por parte de las diferentes municipalidades y comisiones municipales al régimen provincial de Ética Pública.
La fiscal sostuvo finalmente la firme premisa de cumplir su mandato constitucional con total independencia para investigar presuntos hechos de corrupción, recalcando el carácter administrativo del organismo de contralor provincial creado en diciembre de 2015, a través de la Ley Provincial 5885.